Adelantó también que «se trata, en su mayoría, de padres que escolarizan a sus hijos en centros de la red educativa concertada y residen en la zona alta de Barcelona». Acompañado de miembros de las tres familias a las que Tribunal Supremo (TS) dio la razón el pasado diciembre con tres contundentes sentencias que obligan a la Generalitat a cambiar el modelo lingüístico educativo, Caja confirmó ayer, tal como avanza hoy ABC, que ya hay medio millar de padres dispuestos a exigir a la consejería el derecho a una educación bilingüe para sus hijos.
«Si incumplen la ley, cárcel»
El responsable de CCC recordó también que las familias, cuyas denuncias propiciaron los fallos del TS, — a los que se refirió como «héroes de la causa lingüística» —, amparadas por Convivencia, han elevado ya un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reclamando la «ejecución forzosa» de las sentencias. Asimismo, y, ante la pasividad demostrada por las autoridades educativas, han pedido que se procese a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de «prevaricación» y «desacato a la autoridad judicial». «Si es necesario que vayan a la cárcel que vayan. Si se castiga a un ciudadano por no cumplir la ley, ellos deben tener el mismo trato», denuncia el presidente de CCC. Añade que: «Por mucho que atente contra una ideología política no puede vulnerarse el principio de legalidad». A su entender, «lo que está ocurriendo en Cataluña contradice el espíritu y la letra de la Constitución. Nos jugamos la naturaleza democrática del sistema».
Consuelo Santos, Marina Gala y Feliciano Sánchez, los tres padres que hay tras los fallos del Supremo han abierto el camino a otros muchos para reivindicar sus derechos lingüísticos en Cataluña, dan por sentado que la lucha no ha terminado, aunque confían en que «la justicia acabe imponiéndose y el castellano recupere su presencia en las aulas».
«El rendimiento es peor»
Gala denuncia que, pese a que ella y su marido refuerzan en casa el castellano de sus hijos, «con eso no hay suficiente». «Está claro que no son lo mismo dos horas de castellano a la semana que las 35 que reciben los alumnos de otras comunidades autónomas», afirma Francisco Caja, quien recuerda que «hay estudios de peso como el de la prestigiosa Fundación Jaume Bofill que, amparándose en los resultados de los informes PISA, demuestran que el rendimiento de los alumnos castellanohablantes es mucho peor que el de los que tienen el catalán como lengua materna».
Por este motivo, los padres agraviados van a abrir una nueva vía: la de la indemnización económica. El responsable de Convivencia Cívica adelantó que todas las familias que lo estimen conveniente pueden reclamar a la Generalitat una indemnización «en concepto de todos los años en los que sus hijos no recibieron enseñanza en castellano». Según ha podido saber este diario, la cantidad media que podría reclamar un padre rondaría los 30.000 euros. «Ya que la consejera ha hecho caso omiso a los tribunales y parece que la vía civil tampoco la hace reaccionar, utilizaremos la presión económica», afirma Caja.
Ni él, ni su asociación, ni los padres a los que representa confían en que el conflicto lingüístico se desencalle en breve, aunque están dispuestos a «esperar todo el tiempo que sea necesario para que se detenga esta injusticia en los colegios e institutos catalanes». «La mayoría de nosotros llevamos más de seis años de dura lucha, por eso no vamos a rendirnos, aunque sabemos que la victoria no es fácil», declara Consuelo Santos, una de las madres afectadas.
«Confiamos en el TSJC»
La Generalitat practica desde hace años un bautismo catalanista en las escuelas que cambia el alma a los niños», denuncia Francisco Caja. Ahora le toca mover ficha al TSJC. «Confiamos en la justicia catalana. Esperamos que esté a la altura», apuntan los padres.
Fuente: ABC
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